SC9788-2015
Radicación n° 11001-31-03-042-2005-00364-01
(Aprobada en sesión de veintiocho de julio de dos mil quince)
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por los demandantes frente a la sentencia de 17 de febrero de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Álvaro Ruiz León, Elvira Leonor Arizabaleta y Natalia Ruíz Arizabaleta contra la Corporación Club El Nogal.
Se sintetizan así:
En cuanto a la idoneidad del profesional, su selección se hizo «siguiendo las reglas previstas en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pues se ofició a la Dirección del CTI», sin que lo impusieran, y sus «apreciaciones subjetivas» fueron el «resultado de la labor encomendada con base en el conocimiento del sujeto designado».
Tomando en cuenta la forma como «se perpetró el siniestro según lo indicado por la Fiscalía» y los testimonios recaudados, se extrae que «el sistema de seguridad era completo y adecuado para la época».
A pesar de que se advirtieron falencias por intransigencia de los mismos socios, «el carro en el cual se cargaron los explosivos fue revisado, mas no se advirtió la situación de inconformidad por cuanto la técnica empleada para distribuir la carga fue lo suficientemente avanzada para pasar inadvertida», como lo sostuvo en su concepto el Departamento Administrativo de Seguridad.
Habiéndose «camuflado la sustancia como se indicó en el proceso penal, no era una detección fácil, adicionalmente ya no se contaba con la presencia del canino entre otras circunstancias porque en aquella época no resultaba obligatorio para tales fines», sin que se configure negligencia «como quiera que no se probó que el sistema de seguridad del Club El Nogal fuese inferior al que debe prestar ni se omitió el deber de cuidado exigido al momento de inspeccionar el vehículo».
Los promotores formularon dos ataques, con fundamento en la causal primera del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por errores de hecho en la interpretación del libelo y la forma como se sopesaron los medios demostrativos, los cuales se conjuntan, tal como se precisó al admitir la sustentación (folios 114 y 115).
Acusan la vulneración de los artículos 63, 1604 y 2341 del Código Civil, por aplicación indebida, y 2343, 2344 y 2356 ibidem, que no fueron tenidos en cuenta, como consecuencia de una inadecuada «apreciación de la demanda y de las pruebas relacionadas con la actividad del demandado».
Lo sustenta en estos términos:
En este caso «se trata de responsabilidad directa de la entidad demandada por omisión» y no «bajo los principios de responsabilidad por el hecho ajeno», pues, se citaron expresamente como fuente los artículos 2343 y 2344 del Código Civil, lo que trato la Corte en SC 15 abr. 1997.
Las pretensiones tienen venero no desde la perspectiva de acción sino de la «omisión por comisión» como antecedente del daño, imputable de manera solidaria a ambos responsables y causa adecuada del daño, con base en la ausencia de medidas jurídicamente exigibles o de precauciones indispensables para evitar el perjuicio causado a las víctimas, desatendiendo el deber general de comportamiento de un «hombre normalmente prudente y diligente colocado en las mismas circunstancias».
La imposición de cumplir el hecho omitido no solo proviene de la ley, también surge «de una manera implícita en la obligación general que se tiene de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas» y para que esa conducta «genere responsabilidad civil, debe estar causalmente ligada con el resultado final, de modo que se pueda afirmar que la abstención ha actuado como factor eficiente en el daño causado». Detectado el vínculo de causalidad y concurriendo en la generación del perjuicio tanto el obrar del autor como la omisión de que se habla «es aquí donde debe entrar el tema de la responsabilidad solidaria del artículo 2344 del Código Civil» y así se trató en CSJ SC 24 ago. 2009, rad. 2001-01054-01.
Se equivocó así al partir de los estatutos del Club para concluir «sin más ni más que se trata de una entidad sin ánimo de lucro común y corriente», por lo que su actividad no se reputaba peligrosa, puesto que de la calidad de las personas que concurrían a las instalaciones, entre ellos dignatarios y altos ejecutivos, «es de donde se deriva la exposición al peligro para la colectividad, pues demanda una gran responsabilidad en materia de seguridad», exigiendo medidas extremas «para evitar la comisión de hechos como el que infortunadamente ocurrió».
El efecto de esa situación era que la responsabilidad debía «ser analizada desde la óptica de la responsabilidad objetiva y no sobre la base de la culpa probada».
La principal implicación de eso es que «al demandado solo le era dable exonerarse de responsabilidad mediante la prueba de caso fortuito o fuerza mayor, el hecho de un tercero como causa exclusiva del daño o la culpa exclusiva de la víctima, lo que no logró durante el trámite procesal», donde se alegó que la producción del daño era atribuible únicamente al grupo armado al margen de la ley, cuando «los atentados cometidos por grupos terroristas, per se, no pueden ser calificados como constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor», acorde con las SC 14 abr. 2008, rad. 2001-00082-01 y 26 jul. 2005, rad. 1998-6569-02
Indica como afectados los artículos 1494, 2341, 2343 y 2344 del Código Civil y 177, 187, 217, 241, 248, 250, 262 y 264 del Código de Procedimiento Civil, producto de un error de hecho «por cuanto omitió analizar o apreciar las pruebas documentales, dictamen pericial y testimonios que existen en los autos».
Lo hace consistir en:
También se desfigura lo que «se entiende por el concepto de indicio» y se llega a la conclusión errónea de que la falta de referencia del a quo sobre la experticia «no indica que no fue estudiad[a]» y anuncia que se valorara, sin hacerlo.
Además, se sopesan de forma amañada los testimonios cuando indican «que el Club contaba con algunas medidas de seguridad, pero desatiende olímpicamente la parte que señala que en ocasiones esas medidas no eran utilizadas o los equipos estaban dañados»; lo que sucede de nuevo al citar el concepto del Departamento Administrativo de Seguridad y estimar que no era obligatoria la presencia del canino en la sede.
Yerra ostensiblemente en la «interpretación probatoria», pues, la discusión nunca se enfocó en la «negligencia del demandado al admitir como socia a una empresa que permitió el ingreso a las dependencias del demandado a uno de los terroristas que colaboró en la comisión del atentado», sino en el «hecho indiscutible de que quien colaboró en la causación del daño era una persona que podía ingresar a las dependencias del Club El Nogal, para lo cual recibió la anuencia de sus directivos, lo que lo colocaba en una posición de privilegio debido a una actividad de la demandada».
Por el contrario le otorgó «mérito probatorio, por encima de él, a un concepto de la Administradora de Riesgos Profesionales y basando su conclusión en un hecho que no se encuentra demostrado en el proceso, cual es el de que el explosivo fue colocado en el vehículo de forma sofisticada».
Además, el camuflaje de los explosivos los hacía de difícil detección y las particulares condiciones de protección que requerían los socios y visitantes, por sus cargos y actividades, no se extendían a la demandada.
También denuncian la apreciación sesgada que se le dio a algunos medios de convicción, dejando de valorar otros de donde emerge la culpa del Club en los perjuicios ocasionados.
Cuando se concreta a un desvío del marco litigioso trazado en el libelo, es labor del recurrente develar como se desfiguró el debate por una visión equivocada del fallador frente al querer expresado por quien estima lesionados sus derechos, lo que se traduce en una solución que no está acorde con lo requerido y por lo tanto queda pendiente de definir. Eso sí, queda a salvo de este tipo de discusión, el ejercicio de la facultad de esclarecer o dilucidar los textos confusos o contradictorios, cuando con ello se persigue un apropiado ejercicio de la función judicial.
En ese sentido la Corte, en SC 19 Oct. 1994, rad. 3972, citada en SC10298-2014, recordó como
[l]a apreciación errónea de una demanda constituye motivo determinante de la casación de un fallo proferido por la jurisdicción civil, habida consideración que adoleciendo este último de un defecto de tal naturaleza, la decisión adoptada dirimirá el conflicto con apoyo en reglas de derecho sustancial que le son extrañas y, por consecuencia, habrá dejado de aplicar las que son pertinentes para regularlo. Pero es en verdad importante no perder de vista que al tenor de aquella disposición procesal, para que así sucedan las cosas y sea viable la infirmación por la causa aludida, deben reunirse varias condiciones que no siempre se dan con la facilidad que por lo común suponen los litigantes que al recurso en referencia acuden, residiendo una de ellas, como se sabe, en la necesaria ocurrencia de un genuino error de hecho que además de manifiesto e influyente en lo dispositivo de la resolución judicial por esta vía impugnada, ha de consistir en la desfiguración mental o material del escrito de demanda por falta de cuidadosa observación, capaz de producir por lo tanto una desviación ideológica del juez en relación con los elementos llamados a identificar el contenido medular de dicho escrito y respecto de los cuales ese funcionario no tiene atribución para suplir a las partes (…) En otras palabras y en orden a que tengan relevancia para los fines señalados, la falencia de juzgamiento de la que viene haciendo mérito debe tener origen en un yerro objetivo que surgiendo de una desfiguración evidente y por eso mismo perceptible de manera intuitiva, vaya contra toda razón en cuanto que, tergiversando el texto de la demanda “...le hace decir lo que no expresa o le cercena su real contenido” (G.J. t. CXXXIX, pág. 136) en lo que atañe a la causa pretendí hecha valer por el actor, el petitum por él formulado o la naturaleza jurídica de la pretensión concreta entablada.
Si el yerro de facto manifiesto deriva de la forma como se sopesaron las pruebas, se requiere de una labor argumentativa encaminada a develar la relevancia de la equivocación, por existir disparidad evidente entre las conclusiones del fallo, con lo que arrojan los elementos recaudados para acreditar lo planteado por las partes en litigio.
La Corte sobre esta variable tiene dicho que
(…) al denunciarse en el punto la comisión de errores de hecho probatorios, pertinente resulta memorar que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casación, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dialéctico, así sea acertado, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, dejaría de ser evidente, pues simplemente se trataría de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecería la del juzgador, puesto que la decisión ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunción de acierto (SC del 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524).
Para que tenga éxito la solicitud indemnizatoria por actos perjudiciales extracontractuales de que trata el artículo 2341 ibidem, es menester que el reclamante corrobore la existencia de sus elementos estructurales, esto es, el daño, el hecho intencional o culposo del obligado a responder y el nexo causal.
No obstante, el artículo 2356 id. establece una situación particular para aquellas conductas imputables a «malicia o negligencia de otra persona» que, por regla general, «debe ser reparado por ésta», partiendo de un principio de presunción de culpa, cuya exoneración sólo sería el producto del caso fortuito, la fuerza mayor o la intervención de un elemento extraño, como lo es la «culpa exclusiva de la víctima».
Si bien la norma relaciona como «especialmente obligados a esta reparación» a quien manipula un «arma de fuego»; desatiende el cuidado debido en la remoción de «losas de una acequia o cañería» o descubre las de la vía pública; y mantiene en riesgo a los transeúntes que tropiezan con obras de «construcción o reparación de un acueducto o fuente»; esa enunciación no es taxativa sino que corresponde a aspectos relevantes de la época en que se expidió. De ahí que los alcances del precepto trasciendan a una «suposición de culpa» en quien genera una propensión al «peligro», estando implícito en la forma como se produjo el daño.
No quiere decir ello que se prescinda del concepto de culpa en esos eventos, sino que se releva al afectado de establecer su existencia, por estar implícita.
La Corte desde la SC de 14 mar. 1938, G.J. t. XLVI, pág. 215 y 216, señaló como
[e]l art. 2356 ibídem, que mal puede reputarse como repetición de aquél [2341] ni interpretarse en forma que sería absurda si a tanto equivaliese, contempla una situación distinta y la regula, naturalmente, como a esta diferencia corresponde. Así es de hallarse desde luego en vista de su redacción y así lo persuaden, a mayor abundamiento los ejemplos que aduce o plantea para su mejor inteligencia, a manera de casos en que especialmente se debe reparar el daño a que esta disposición legal se refiere, que es todo el que "pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona." (…) Exige, pues, tan sólo que el daño pueda imputarse. Esta es su única exigencia como base o causa o fuente de la obligación que en seguida pasa a imponer (…) Esos ejemplos o casos explicativos corresponden, y hasta sobra observarlo, a la época en que el código se redactó, en que la fuerza del hombre como elemento material y los animales eran el motor principal, por no decir único en la industria en las labores agrícolas, en la locomoción, todo lo cual se ha transformado de manera pasmosa en forma que junto con sus indecibles favores ha traído también extraordinarios peligros. Innecesario expresar el protuberante contraste, por ejemplo, entre la locomoción de hoy y la de entonces. Si para aquella edad fueron escogidos ejemplos el disparo imprudente de un arma de fuego; la remoción o descubrimiento de las losas de acequia, cañería, calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caiga el transeúnte, o el dejar en estado de causar daño la obra de construcción o reparación de acueducto o fuente a través de un camino, apenas se podrá imaginar de qué ejemplos se habría valido el legislador en disposición dictada cuando el ferrocarril eléctrico queda a la zaga del automóvil y éste parece lento ante el velívolo, y en que los caminos y las calles se atestan y congestionan por obra del paralelo crecimiento y desarrollo de la población, de la producción y del intercambio comercial (…) La teoría del riesgo, según la cual al que lo crea se le tiene por responsable, mira principalmente a ciertas actividades por los peligros que implican, inevitablemente anexos a ellas y miran a la dificultad, que suele llegar a imposibilidad, de levantar las respectivas probanzas los damnificados por hechos ocurridos en razón o con motivo o con ocasión de ejercicio de esas actividades. Un depósito de sustancias inflamables, una fábrica de explosivos, así como un ferrocarril o un automóvil, por ejemplo, llevan consigo o tienen de suyo extraordinaria peligrosidad de que generalmente los particulares no pueden escapar con su sola prudencia. De ahí que los daños de esa clase se presuman, en esa teoría, causados por el agente respectivo, como sería en estos ejemplos el autista, el maquinista, la empresa ferroviaria, etc. Y de ahí también que tal agente o autor no se exonere de la indemnización, sea en parte en algunas ocasiones, sea en el todo otras veces, sino en cuanto demuestre caso fortuito, fuerza mayor o intervención de elemento extraño (…) A esta situación se ha llegado en algunos países por obra de una labor jurisprudencial ardua en cuyo desenvolvimiento no han dejado de tropezar los juristas, en su camino hacia la humanización del derecho, con la rigidez de los textos legales (…) Fortuna para el juzgador colombiano es la de hallar en su propio código disposiciones previsivas que sin interpretación forzada ni descaminada permiten atender al equilibrio a que se viene aludiendo o, por mejor decir, a la concordancia o ajustamiento que debe haber entre los fallos y la realidad de cada época y de sus hechos y clima Porque, a la verdad, no puede menos de hallarse en nuestro citado art. 2356 una presunción de responsabilidad. De donde se sigue que la carga de la prueba, onus probandi, no es del damnificado sino del que causó el daño, con sólo poder éste imputarse a su malicia o negligencia (…) No es que con esta interpretación se atropelle el concepto informativo de nuestra legislación en general sobre presunción de inocencia, en cuanto aparezca crearse la de negligencia o malicia, sino que simplemente teniendo en cuenta la diferencia esencial de casos, la Corte reconoce que en las actividades caracterizadas por su peligrosidad de que es ejemplo el uso y manejo de un automóvil, el hecho dañoso lleva en sí aquellos elementos, a tiempo que la manera general de producirse los daños de esta fuente o índole impide dar por provisto al damnificado de los necesarios elementos de prueba.
Ese precedente fue reiterado en SC 31 may. 1938, G.J. t. XLVI, págs. 560 a 565, donde se precisó que los factores eximentes de responsabilidad al tenor del artículo 2356 del Código Civil, también permiten «atenuarla modificando la indemnización. De ahí el art. 2357 del C.C., que establece el principio de la reducción de la indemnización, de la compensación de ella, que puede llegar hasta la exoneración en la indemnización de perjuicios».
Ya en CSJ SNG 17 jun. 1938, GJ t. XLVI, pág. 688 al citar la anterior, dijo la Corte que «se trata en la sentencia de mayo (…) de una culpa presunta para los casos de riesgo creado, o sea cuando el daño se produce por alguno de los elementos que en la civilización acarrean peligrosidad» y que del artículo 2356 se hace emanar «una presunción legal mixta, ya que se dice que no puede desvanecerse por cualquier medio en contrario, sino por determinados hechos» y en CSJ SNG 18 abr. 1939, GJ t. XLVIII pág. 165 dejó claro que «[e]l artículo 2347 del C.C., establece el principio de la responsabilidad por hechos ajenos y el artículo 2356 del mismo texto, sienta esta norma, bien se trate de responsabilidad directa o indirecta», donde «los ejemplos que allí se mencionan son ilustrativos y se refieren a hechos en que el daño aparece en la cosa misma, por cierta peligrosidad que en ella se transparenta», acotando que con base en ello «existe una presunción de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de daños causados por ciertas actividades que implican peligros, inevitablemente anexos a ellas».
Posición que se ha mantenido constante y es así como en SC 27 feb. 2009, rad. 2001-00013-01, se dijo que
(…) la responsabilidad civil es uno de los campos del derecho privado en el que más se ha advertido la necesaria adaptación del Derecho a las realidades de los tiempos, lo cual ha obedecido, en buena medida, a los efectos que en materia de daños han producido nuevas problemáticas sociales derivadas, particularmente, de los avances científicos y tecnológicos que, por una parte, han provocado el surgimiento, en lo que aquí interesa, de distintas actividades que califican como peligrosas o, dicho de otra forma, conllevan una mayor exposición o riesgo para los asociados, entre las cuales, aunque sólo a título ilustrativo, pueden citarse los medios de transporte que con la utilización de diversas formas de energía superan velocidades antes no alcanzadas, la construcción de estructuras con diversa finalidad de magnitudes cada vez mayores, la instalación de plantas nucleares, o el establecimiento de centrales eléctricas que se sirven de fuerzas naturales, como las del agua, el calor o el viento, y, por otra parte, han conducido a la revisión de los criterios tradicionales de prevención y de evitación de daños, con el propósito de determinar con la mayor precisión posible hasta dónde ha de responder el sujeto cuyo comportamiento antijurídico se examina, y a partir de qué parámetro se puede considerar que el daño ha sido el producto de una causa extraña a él.
Recientemente se insistió en SC5854-2014, que
[t]ratándose del ejercicio de actividades peligrosas, en la sentencia de 26 de agosto 2010, se dejó sentado que se arropan bajo el “alero de la llamada presunción de culpabilidad (…), circunstancia que se explica de la … carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la conducta del autor, pudiéndose exonerar [el demandado] solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero”.
A pesar de que no existe en el código civil una norma que defina la «actividad peligrosa» o señale los esquemas para calificarla como tal, la Corte en SC 16 jun. 2008, rad. 2005-00611-01, rememoró que
(…) por tal, debe entenderse aquélla que “…aunque lícita, es de las que implican riesgos de tal naturaleza que hacen inminente la ocurrencia de daños,…”(G.J. CXLII, pág. 173, reiterada en la CCXVI, pág. 504), o la que “… debido a la manipulación de ciertas cosas o al ejercicio de una conducta específica que lleva insito el riesgo de producir una lesión o menoscabo, tiene la aptitud de provocar un desequilibrio o alteración en las fuerzas que –de ordinario- despliega una persona respecto de otra”, como recientemente lo registró esta Corporación en sentencia de octubre 23 de 2001, expediente 6315.
Adicionalmente, como se señaló en SC 24 ago. 2009, rad. 2001-01054-01, no puede confundirse
(..) la responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa con la derivada de las cosas riesgosas o peligrosas; “cosa” y “actividad” son diferentes, y en el supuesto que se analiza, dimana de “actividades” y no exclusivamente de “cosas riesgosas” o “peligrosas”; la cosa se utiliza en la actividad, puede ser inocua y la causa del daño se conecta no a la cosa sino a su utilización en el ejercicio de una actividad peligrosa.
Incluso en SC196-1992, rad. 3382, se hizo énfasis en que
(…) la presunción de culpabilidad así reconocida, dando por sentado que fuere factible acudir a ella como elemento con virtualidad decisoria en un juicio jurisdiccional determinado, se extiende inexorablemente respecto de todos aquéllos a quienes pueda tenérseles como responsables de la actividad en cuyo desarrollo se produjo el evento causante del daño; esa presunción tantas veces mencionada, al tenor de una conocida doctrina de esta Corporación reiterada recientemente (cfr. G.J. T. LXI, pág. 569, y Casación Civil de 12 de abril de 1991, no publicada), "... afecta no sólo al dependiente o empleado que obra en el acto peligroso, sino también al empleador dueño de la empresa o de las cosas causantes del daño... ", y es entendido, además, que en un estado de cosas semejante, desde el punto de vista de la víctima de dos sistemas de imputación jurídica que confluyen son acumulables pues ella puede demandar la reparación "... acogiéndose, bien a la regulación legal de la responsabilidad por el hecho ajeno -es decir a la regulación contenida en los artículos 2346 a 2349 y 2352 del Código Civil, se agrega-, bien a la regulación legal por el ejercicio de actividades peligrosas...'"
Así también lo indicó la Sala en la precitada SC196-1992, rad. 3382, según la cual el
(…) deber de reparar también obliga a las personas jurídicas pues ellas, según lo vienen reiterando la Corte a partir de renombrados fallos proferidos sobre el tema en junio de 1962 (cfr. G.J. Ts. XCIX, págs. 88y 655, CV1, pág.130 y CXL/1, pág. 173 entre muchas otras), son directamente responsables por el comportamiento de sus agentes, ocurrido desde luego en ejercicio de las funciones propias del cargo o con ocasión de éstas e independientemente de que se trate de personal directivo o apenas subalterno, principio éste de significativa importancia que suele compendiarse en la siguiente fórmula, por cierto evocada con insistencia por el recurrente en varios apartes de su demanda de casación: "... la culpa personal de un agente dado compromete de manera inmediata a la persona jurídica, porque la culpa de sus agentes, cualesquiera que éstos sean, es su propia culpa... ".
En igual sentido se pronunció la Corporación en SC 20 jun. 2005, rad. 7627.
Esto no es nuevo, tomando en cuenta que la Corporación desde SC 26 oct. 1946, concretó los alcances de la figura en estudio a que
(…) el precepto contenido en el artículo 2356 del C. C. no tiene por objeto repetir la regla del artículo 2341 de la misma obra, sino que separándose del sistema en éste último consignado, establece una presunción de culpa cuando el daño deriva de hecho que por su naturaleza o las circunstancias en que ocurre permiten atribuirlo a malicia o negligencia de otra persona (…) La colocación del artículo en cuestión en seguida de una enumeración de casos en que se presupone responsabilidad y la expresión en él empleada de que "por regla general" todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta, está indicando que tal expresión se toma por éstas u otras semejantes: "en igualdad de circunstancias", "en los demás casos análogos", se presupone culpa (…) La expresión allí también empleada de que "todo daño que pueda imputarse", está diciendo que puede reemplazarse por "'que sea susceptible", con lo cual la relación del artículo quedaría: "Todo daño que sea susceptible de imputarse a dolo o culpa de otra persona debe ser reparado por ésta" (...) No es que el legislador de una manera terminante declare qué hechos de tal naturaleza constituyan dolo o culpa, sino que establece una presunción, que por no ser de derecho admite prueba en contrario, arrojando la carga de ella sobre quienes ejercitan actividades de tal índole (…) A la víctima le basta demostrar los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido; y será el demandado quien deba comprobar que el accidente ocurrió por imprudencia exclusiva de la víctima, por la intervención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio dé una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente (…) El artículo 2341 del C. C. autoriza la indemnización cuando la víctima prueba la culpa o el dolo del autor del daño; el artículo 2356 la releva de esta obligación, arrojando la prueba de la irresponsabilidad sobre la persona que ejercita actividades reputadas peligrosas (…) La culpabilidad se presume en aquellos casos en que el daño proviene de un hecho que la razón natural permite atribuir, a culpa o dolo de otro, o de aquellos hechos que, por su propia naturaleza, o por las circunstancias en que se realizaron, sean susceptibles de imputarse a culpa de terceros. Fuera de estos casos la presunción no tendrá aplicación (resaltado ajeno al texto).
Es así como frente a la «negligencia determinante en la causación del daño» señalada como constitutiva de responsabilidad, el sentenciador inició la labor verificando si la persona jurídica accionada era de aquellas que calificaba como generadora de riesgo, lo que desechó con base en sus estatutos.
Baste recordar como precisó al respecto que, «de la simple lectura del objeto social, salta de bulto la ausencia de las características mentadas para que la actividad desarrollada se repute como peligrosa y por ende se rechaza el argumento al respecto».
Descontado ese tema pasó a revisar si las especiales condiciones de quienes concurren a la sede, que por sus dignidades y desempeño profesional cuentan con exigentes medidas de seguridad, trasciende a la categoría de «acciones peligrosas» a cargo del Club, para concluir que «la calidad de los socios o invitados en lo que ataña a su seguridad personal por los cargos que ocupan no resultan ser extensivos a la actividad de la demandada».
A pesar de lo anterior, se procedió al estudio de la existencia de «un hecho propio en la modalidad de omisión», con base en el material probatorio obrante, lo que no pudo hallar, razón por la cual «ausente el elemento de culpa y siendo éste uno de los elementos axiológicos de la responsabilidad civil extracontractual alegada, deviene la denegación de la misma».
Ese entendimiento revela que el pleito se abordó desde la perspectiva de la responsabilidad extracontractual, como lo plantearon los accionantes, sólo que al no encontrar razón para aplicar la «presunción de culpabilidad» de que trata el artículo 2356 del Código Civil, se procedió a examinar si se daban los supuestos del artículo 2341 ibidem, a lo que tampoco encontró asidero.
Esa discusión, que se aleja de la senda indirecta propuesta y era más propia de un ataque frontal al artículo 2346 del Código Civil, de todas maneras ya fue superada por la Sala, puesto que como se dijo en SC 26 ago. 2010, rad. 2005-00611-01.
(…) la sentencia de casación de 24 de agosto de 2009, expediente 01054-01, contiene una rectificación doctrinaria, tal como aparece en su motivación y la parte resolutiva, circunscrita exclusivamente al punto relativo al tratamiento jurídico equivocado que le dio el Tribunal al aspecto atinente a la “concurrencia de culpas” en el ejercicio de actividades peligrosas, mas no frente a la doctrina tradicional de la Sala referente a que éstas se examinan bajo la perspectiva de una responsabilidad “subjetiva” y no “objetiva” (…) La Corporación de modo reiterado tiene adoptado como criterio hermenéutico el de encuadrar el ejercicio de las actividades peligrosas bajo el alero de la llamada presunción de culpabilidad en cabeza de su ejecutor o del que legalmente es su titular, en condición de guardián jurídico de la cosa, escenario en el que se protege a la víctima relevándola de demostrar quién tuvo la responsabilidad en el hecho causante del daño padecido cuyo resarcimiento reclama por la vía judicial, circunstancia que se explica de la situación que se desprende de la carga que la sociedad le impone a la persona que se beneficia o se lucra de ella y no por el riesgo que se crea con su empleo. El ofendido únicamente tiene el deber de acreditar la configuración o existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y la conducta del autor, pudiéndose exonerar solamente con la demostración de la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o la intervención de un tercero (…) Este estudio y análisis ha sido invariable desde hace muchos años y no existe en el momento actual razón alguna para cambiarlo, y en su lugar acoger la tesis de la responsabilidad objetiva, porque la presunción de culpa que ampara a los perjudicados con el ejercicio de actividades peligrosas frente a sus victimarios les permite asumir la confrontación y el litigio de manera francamente ventajosa, esto es, en el entendido que facilita, con criterios de justicia y equidad, reclamar la indemnización a la que tiene derecho (negrita fuera de texto).
Todo el contexto del fallo confutado se refiere a que, descartada la peligrosidad de las actividades propias de la opositora, «la acción instaurada resulta ser la derivada de un hecho propio en la modalidad de omisión», esto es, circunscrita a la «responsabilidad extracontractual directa» de una persona jurídica.
Es cierto que en dos apartes figura, primero, que en «el caso del extremo demandado se configura el elemento determinado en el evento en que se pruebe que omitió realizar una conducta que habría evitado la producción del daño, como quiera que tiene el deber contractual de actuar», y luego que «no es posible predicar responsabilidad del agente que aún ajeno a la causación del daño, omite actuar teniendo la obligación legal o contractual de hacerlo, pues como se demostró sí se contaban con los elementos necesarios para la seguridad de los socios y sus invitados» (folios 92 y 100, cuaderno 8).
Sin embargo, el solo empleo del término «contractual» no puede ser visto fuera de contexto, ya que en las dos oportunidades se refiere al deber de velar por la seguridad general de quienes acuden a las instalaciones conforme al acuerdo social, mas no refiriéndose al caso particular del fallecido Andrés Ruíz Arizabaleta que se revisó bajo la senda propuesta.
Fuera de eso, los argumentos de los censores no difieren en nada de lo que «a título de ilustración» anotó el Tribunal en el sentido de que los ataques terroristas «no constituyen en todos los casos, causal de exoneración».
Pierde así relevancia cualquier discusión sobre la falta de acreditación de excluyentes de responsabilidad o una presunta equivocación, en lo que precisamente se está de acuerdo.
Los reparos se limitaron a citar de una manera dispersa apartes de algunos elementos de convicción, que si bien dicen se desatendieron, por el contrario corresponden a los que sirvieron de apoyo al pronunciamiento que combaten, sin que se tomaran el trabajo de resaltar cuales eran las discordancias entre lo visto por el ad quem y lo que en su esencia arrojan.
Las manifestaciones contraevidentes de los opugnadores se concretan a:
Y si bien ese reparo de la Corporación Club El Nogal no salió avante, a pesar de que se advirtió y probó el error, fue porque «la supuesta ausencia de los videos de seguridad» no repercutía en las conclusiones del perito, ya que su dicho de la revisión del material probatorio no constituía una «actividad calificada» sino «el resultado de la labor encomendada con base en el conocimiento del sujeto designado».
La importancia de dicho informe no fue pasada por alto y, al contrario, expresamente se dijo que «se tendrá en cuenta para adoptar la decisión», solo que su contenido fue sopesado con los demás medios demostrativos.
Si bien el que en el fallo con posterioridad consta que «se presentó también una omisión en tratándose de la resolución del error grave que se le endilgó al dictamen practicado para probar los perjuicios reclamados, sin embargo tal actuación resulta inocua», ello obedece a que en el curso del trámite se realizaron dos dictámenes completamente diferenciados.
El primero, a solicitud de los gestores para «que determine el valor de los costos de educación, manutención y salud sufragados» por los progenitores, el cual fue decretado en el auto de pruebas (27 mar. 2007) y rendido por la auxiliar designada, siendo objeto de contradicción por la contraparte (folios 20, 245, 531 al 540, cuaderno 1).
El segundo, de oficio (3 oct. 2007), para que un funcionario de la Fiscalía General de la Nación «con observancia en la investigación surtida al interior del proceso No. 63.769 y en los videos -imágenes de monitoreo», rindiera concepto técnico sobre algunos puntos, lo que en efecto aconteció y también fue sometido a consideración de las partes (folios 851, 942 al 970 y 975 al 981).
De esos dos trabajos, el inicial fue desatendido por obvias razones, mientras que el último sí fue sopesado y confrontado con las restantes probanzas, sin que así lo admitan los inconformes (folios 93 al 99, cuaderno 8).
(…) los errores en el campo de los hechos se estructuran en los casos en que el sentenciador de manera ostensible aprecia equivocadamente la demanda u omite, adiciona, cercena o tergiversa el contenido material de las pruebas, y no cuando se aparta de la posición subjetiva que, al margen de su objetividad, tenga la parte recurrente acerca de los distintos medios de convicción (…) Por esto, en ese preciso ámbito, al decir de la Corte, un yerro es de recibo cuando es “tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es por lo tanto, error de hecho aquél a cuya demostración sólo se llega mediante un esforzado razonamiento” (Sentencia 006 de 12 de febrero de 1998, expediente 4730, reiterando doctrina anterior), o el que surge de “ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico” (Sentencia 073 de 20 de abril de 2001, expediente 6014, citando casación civil de 22 de octubre de 1998).
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de febrero de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de Álvaro Ruiz León, Elvira Leonor Arizabaleta y Natalia Ruíz Arizabaleta contra la Corporación Club El Nogal.
Costas a cargo de los recurrentes y a favor de la replicante, e incluirá en estas la suma de seis millones de pesos ($6’000.000) por concepto de agencias en derecho.
Notifíquese y devuélvase
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Presidente de Sala
MARGARITA CABELLO BLANCO
RAFAEL AURELIO CALDERÓN MARULANDA
Conjuez
RAFAEL H. GAMBOA GALEANO
Conjuez
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ